El 18 de octubre de 2019, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, la Dra. Koumbou Boly Barry, presentó oficialmente el informe A/ 74/243 a la Asamblea General. Publicado en julio, el informe se centra en la manera en que el derecho a la educación contribuye a la prevención de crímenes atroces y violaciones masivas y/o graves de los derechos humanos. Más específicamente, el texto reconoce que “la educación desempeña un papel fundamental en todas las etapas de la prevención,” y subraya el potencial poderoso que tiene durante las fases “muy tempranas” del ciclo del conflicto.
El documento A/74/243 funciona como una continuación del trabajo realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que destaca el importante papel que desempeña la educación en la prevención de graves violaciones de los derechos humanos:
El informe… complement[a] la labor de la Relatora Especial sobre los derechos culturales en lo referente a la escritura y la enseñanza de la historia (A/68/296) y la del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Relator Especial sobre la justicia de transición), en particular su informe de 2017 (A/72/523), y su estudio conjunto con el Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio relativo a la contribución de la justicia de transición a la prevención de las violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario, como el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y su repetición, quienes abogan una prevención más anticipatoria, en particular en la esfera de la educación (A/HRC/37/65).
En este contexto, A/74/243 representa el primer informe de este tipo que destaca el papel vital de la educación en las estrategias de prevención a largo plazo. Este enfoque está alineado con el énfasis que pone el Instituto Auschwitz en las estrategias preventivas de etapa temprana. Cuando se realiza una inversión en prevención “corriente arriba” no solo hay más opciones viables, sino que estas resultan más efectivas y eficientes que las opciones disponibles durante las fases posteriores del ciclo del conflicto.
Además, el informe destaca los vínculos claros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que, por primera vez, enumera dimensiones importantes de los derechos humanos al derecho establecido a la educación. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 – “Educación de calidad” – establece la necesidad de garantizar que “… todos los alumnos adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluidos … los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía global y apreciación de la diversidad cultural…” para el año 2030.
Para informar el desarrollo del informe, la Relatora Especial organizó un evento en mayo de 2019 que se tituló “Prevención y reparación de crímenes atroces y el derecho a la educación” en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Más de una docena de expertos de África, Europa, América Latina y Asia que pertenecen a organizaciones multilaterales internacionales (incluidas la OSAPG, UNICEF, UNESCO, ACNUDH y ONU MUJERES) y la sociedad civil, así como varios académicos se reunieron para discutir el contenido y parámetros del documento. Entre los expertos invitados, la Dra. Clara Ramírez Barat, Directora de Políticas Educativas del AIPR, brindó su experiencia a la iniciativa de dos días.
En el informe, la Relatora Especial enfatiza la contribución que hace el derecho a la educación para la creación de sociedades estables y que puedan inhibir el desarrollo de atrocidades masivas. La capacidad de fomentar “comportamientos, actitudes y percepciones” saludables en los jóvenes que promueven la paz, la aceptación del Otro y el respeto por la diversidad cultural, entre otros valores, se identifican como objetivos de la educación que son especialmente eficaces en combatir los crímenes atroces. Además del papel de las escuelas de reflejar la diversidad de las sociedades en las que existen y promover la inclusión, la Relatora Especial hace un llamado a las escuelas para “incluir instrucción relativa a violaciones cometidas en el pasado y a las causas, la dinámica y las consecuencias de los crímenes atroces”.
Más allá de las formas positivas en que el derecho a la educación puede contribuir a la prevención, el informe también aborda otras dinámicas preventivas claves en que las escuelas pueden contribuir al desarrollo de atrocidades masivas. Esta sección comienza explicando cómo el problema de la falta de fondos puede limitar severamente la efectividad de las escuelas en combatir el discurso de odio y “promover los derechos humanos, la paz y la cohesión social”. A continuación, el informe analiza las formas en que las escuelas pueden funcionar como “instrumentos para la división” al reforzar la segregación social explícita y de facto, así como fallar de reflejar la diversidad de las sociedades contemporáneas, especialmente en el caso de grupos minoritarios o marginados. Esta sección del informe concluye con una sección sobre las maneras en que las escuelas pueden ser utilizadas para propagar y fortalecer la propaganda. Este incluye mantener un orden social autoritario, transmitir ideologías militares, proporcionar audiencias concentradas para reclutadores extremistas violentos, construir concepciones sociales de “enemigos” y Otros, y acomodar “planes de estudios explícitos u ocultos” que perpetúen actitudes y entendimientos perjudiciales “tácitos e implícitos” que faciliten el desarrollo de atrocidades masivas.
La Dra. Clara Ramírez Barat, Directora del Programa para Políticas Educacionales del Instituto Auschwitz, habló sobre la importancia de la Relatora Especial y los Procedimientos Especiales del ACNUDH que ponen atención sobre este tema:
Si bien las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de investigación importantes en todo el mundo están llevando a cabo muchos esfuerzos para crear programas que utilicen la educación para empoderar a los jóvenes para construir sociedades más justas e inclusivas, todavía hay una falta de voluntad política para abordar este tema con la importancia que merece. A pesar de que los líderes mundiales están acostumbrados a hablar sobre el papel clave que desempeña la educación en la promoción de un mundo más pacífico y seguro, en realidad no proporcionan la importancia ni la financiación que necesita. Este informe contribuirá a llamar más atención a este tema y al mismo tiempo proveerá ideas para medidas que los gobiernos pueden implementar para iniciar cambios positivos en esta dirección.