Irene Cabrera es docente investigadora del grupo de conflicto, paz y seguridad de la Universidad Externado de Colombia y coordina el Observatorio interfacultades de Migraciones. Es codirectora del Barómetro de Xenofobia una plataforma que analiza la discriminación en línea. Ha desarrollado investigaciones y consultorías para la Defensoría de Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión de la Verdad en Colombia y la Unidad de Reparación para las Víctimas. Fue instructora para AIPG en el Global Lemkin Seminar for Genocide Prevention en 2017 y ha trabajado como consultora para AIPG entre 2019 y 2021 como parte de un proyecto de asistencia técnica para la prevención de atrocidades en el contexto de la crisis migratoria en Colombia. Su formación académica incluye un máster en Asuntos Públicos e Internacionales de University of Pittsburgh, Estados Unidos, una especialización en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia y un pregrado en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Entre sus publicaciones recientes se destaca el libro Movilidad Humana y Protección Internacional en Colombia: aportes de política pública editado en 2021.
1. ¿Qué le llevó a trabajar en el campo de los derechos humanos?¿Quién y/o qué le inspira a seguir trabajando en este campo?
Cuando inicié mi pregrado tuve la oportunidad de participar como voluntaria en la Comisión Nacional de Memoria Histórica en talleres con familias desplazadas por el conflicto armado en Colombia. En estas actividades me impactó altamente conocer las historias y la fortaleza de sobrevivientes de la violencia. En esa experiencia reconocí varios asuntos paradójicos y, es que después de más de 60 años de conflicto armado, de un lado hay indiferencia de varios sectores de la población hacia quienes han vivido la guerra, y de otro lado, las víctimas en Colombia poco han accedido a la verdad y la justicia, de hecho muchos no saben quiénes fueron sus victimarios, por qué ocurrieron estos hechos en su territorio, a la vez que hay poca confianza hacia el Estado.
A partir de esos encuentros me di cuenta que, como colombianos, nos faltaba entender mucho más la guerra en la que vivimos y terminé enfocando mi carrera profesional hacia la investigación de fenómenos de violencia, conflicto y derechos humanos. Mi inspiración o pasión por lo que hago está fuertemente influenciada por encuentros con comunidades y personas líderes que viven en territorios fronterizos con iniciativas maravillosas que intentan responder o prevenir los efectos de la guerra. De hecho, en visitas recientes que he realizado a zonas de fronteras de Colombia con Venezuela, Ecuador y Panamá a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC he podido evidenciar el incremento de fenómenos de trata, reclutamiento forzado por parte de nuevos grupos armados, niñez desplazada a la fuerza y eventos de violencia particularmente contra migrantes y grupos vulnerables que siguen siendo invisibilizados. De esta manera no son pocos los motivos para seguir trabajando desde la docencia e investigación en torno a la protección de los derechos humanos.
2. ¿Nos puede hablar un poco sobre su trabajo e investigaciones sobre el conflicto armado en Colombia?
Aunque buena parte de mi investigación se ha centrado en analizar la violencia desde metodologías muy valiosas como la cartografía social y mapeos históricos para entender el impacto humanitario de la guerra en el país y la disputa de diferentes actores armados en torno a diversas economías ilícitas, también he tenido la oportunidad de trabajar en otras temáticas. Por ejemplo he investigado los riesgos para la reincorporación de excombatientes luego de procesos de paz. En este tema ha sido interesante encontrar que las FARC como partido político ha logrado obtener votos a favor a pesar de la violencia y disputa entre diferentes grupos armados en el país. Adicionalmente, a través de diferentes consultorías he analizado la situación de refugiados de otras nacionalidades en Colombia, así como de víctimas colombianas en el exterior y en este sentido no son pocas las necesidades de protección que comparten quienes huyen del conflicto de Colombia y quienes llegan a nuestro país huyendo de conflictos y violencias en otras latitudes.
Además, de manera reciente he venido trabajando sobre el impacto de grupos armados transfronterizos en la seguridad de personas en movilidad humana. Este es un tema muy delicado porque Colombia además de ser el principal receptor de personas venezolanas, también es lugar de tránsito y permanencia de personas de otras nacionalidades del continente e incluso de África y Asia. Sin embargo, hay muy poca atención a los riesgos y vulneraciones que están viviendo estas personas en medio de la persistencia del conflicto.
3. En su opinión, ¿qué acciones, políticas y/o enfoques son esenciales para atender las necesidades de las víctimas de atrocidades masivas en Colombia? ¿Cómo contribuyen a prevenir la repetición de atrocidades masivas?
En la actualización e implementación de las políticas públicas de seguridad y de derechos humanos considero que tenemos pendiente adoptar de manera efectiva un enfoque territorial e interseccional. A nivel territorial, se debería tener en cuenta que la violencia de mayor magnitud no es un fenómeno aleatorio o generalizado o cultural como piensan muchos, sino que está fuertemente concentrado en algunos lugares o territorios, y además es propiciado por factores y actores específicos. De esta manera, es posible encontrar que en países como Colombia año tras año por lo general, los territorios más críticos de violencia siguen siendo los mismos, y las estrategias no son siempre coherentes con estos patrones. En términos de un enfoque interseccional dentro de las estrategias nacionales y locales hay una labor muy incipiente para responder al impacto diferenciado que tiene la guerra sobre poblaciones con edades diferentes, especialmente entre niños y niñas, pero además considerar otros factores sociales como su pertenencia a comunidades étnicas, campesinas, LGBTIQ, su condición migrante entre otras variables.
En efecto, una deuda con las víctimas de atrocidades masivas en Colombia ha sido que el Estado implemente estrategias que se enfoquen en la no repetición en los territorios donde se registra una continuidad de la violencia, mediante acciones institucionales con respeto a los derechos humanos y al tipo de comunidades que habitan estos espacios. Aún tenemos pendiente procesos de verdad y justicia, fortalecer las rutas de atención y protección a quienes sufren hechos victimizantes, pero también, reconocer e impulsar las iniciativas y proyectos de quienes se han visto afectados por el conflicto desde lógicas no asistencialistas, sino de participación y generación de capacidades que son fundamentales para evitar que se activen o resurjan factores y actores que propician la violencia.
4. ¿En qué iniciativas de AIPG ha participado? ¿Qué es lo que destaca como algo nuevo que ha aprendido a través de su participación en los programas de la AIPG y que ha cambiado su forma de enfocar su trabajo?
En 2016 participé en un curso de mecanismos regionales e internacionales de alerta temprana y políticas públicas para la prevención de atrocidades masivas. Luego, como instructora para AIPG participé en 2017 en el Global Lemkin Seminar for Genocide Prevention y en 2020 acompañé el curso online en Migraciones y Prevención de Atrocidades. Como consultora externa tuve la fortuna de desarrollar varios proyectos de asistencia técnica y en este proceso conté con la retroalimentación y valioso apoyo del staff de AIPG, como también de innumerables personas, académicos, autoridades y organizaciones. En 2019 elaboré para AIGP una Cartilla de recomendaciones para la protección de migrantes y refugiados desde un enfoque de prevención de atrocidades: líneas de acción para Colombia frente al éxodo venezolano. En concordancia con una de las recomendaciones de la Cartilla, en 2020 construí una Guía con Mecanismos de autocuidado para personas en movilidad en Colombia y que también imprimió el Ministerio del Interior en Colombia, como herramienta para empoderar a personas migrantes y refugiadas en el conocimiento de diversos riesgos de seguridad y consejos de autocuidado específicos dentro y fuera del conflicto armado para familias, menores no acompañados, mujeres y población LGBTIQ+. Asimismo elaboré un documento con aportes para la conformación de un observatorio institucional de derechos humanos e integración para las migraciones. Y en el año 2021 diseñé una propuesta de Mapa de riesgo para personas refugiadas y migrantes en Colombia. Este trabajo fue adoptado por el Departamento Nacional de Planeación como primer piloto de diagnóstico territorial, visual y rápido, sobre la situación de amenaza y vulnerabilidad a la que están expuestas personas en movilidad en el país.
Desde este conjunto de experiencias mi aproximación humana y profesional a temas de violencia y derechos humanos se ha transformado sustancialmente. Justamente asumí como reto pensar y promover acciones concretas de prevención, aún en medio de contextos tan difíciles como la persistencia del conflicto armado y el éxodo migratorio sin precedentes que se presenta en América Latina. En esta dirección quiero destacar la iniciativa que hemos tenido con unos colegas con el Barómetro de Xenofobia como plataforma de análisis de mensajes en redes sociales a través del cual hemos buscado identificar y transformar las narrativas que terminan generando discriminación, odio y violencia hacia población migrante. Justamente desde lo que aprendí con AIPG es necesario contrarrestar los primeros indicios de fragmentación social que conducen a fenómenos de deshumanización y que se transforman en atrocidades masivas. Así con el Barómetro por ejemplo estamos trabajando en alertas tempranas para ver en dónde y por qué hay incitación a la violencia informando a autoridades clave para intervenciones que apunten a mitigar factores de tensión y violencia. En la actualidad estamos apuntando a trabajar en torno a odios raciales y violencia de género.
En estos años de relación con AIPG ha sido totalmente estimulante además, conocer la creatividad y trabajo de la comunidad y alumnos/as que han estado vinculados en programas de formación e investigación y tal vez por esto no quisiera dejar de mencionar que a pesar de la dificultad y lo abrumador que pueden ser estos temas, una de las herramientas más poderosas en materia de prevención de atrocidades que he reforzado gracias a AIPG es justamente el trabajo en red para compartir e impulsar iniciativas de protección a los derechos humanos.