Mauricio Coitiño (@mauricio_uy) es un activista y experto en derechos de las personas LGBTI, además de ser especialista en políticas públicas y comunicación desde una perspectiva de derechos humanos. Tiene una Maestría en Políticas Públicas con especialización en Métodos y Análisis por la Universidad Católica del Uruguay. Como consultor, ha completado proyectos de investigación y diseño de políticas públicas, capacitación de funcionarios en derechos humanos y discriminación, y evaluación de organizaciones sociales internacionales. Entre 2010 y 2011 coordinó el proyecto “Hacia un Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación” orientado a elaborar esta política pública del gobierno uruguayo, con apoyo de la AECID y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Del 2017 al 2020 se desempeñó como Coordinador de Incidencia y Organizaciones Multilaterales de Amnistía Internacional Uruguay. De 2005 a 2017 integró activamente Colectivo Ovejas Negras, la principal organización LGBTI de Uruguay, de la cual fue responsable del Área de Relaciones Internacionales. Ha publicado trabajos de investigación sobre la discusión mediática y la opinión pública acerca de la regulación del cannabis en Uruguay. El Sr. Coitiño ha sido un colaborador habitual del Instituto Auschwitz, en el desarrollo y como instructor en diferentes cursos del AIPG como “Seminario-taller sobre la prevención de atrocidades y discriminación contra las personas LGBTI en Costa Rica”, “Curso virtual sobre derechos LGBTI desde una perspectiva de prevención” y “Prevención de atrocidades en la actual crisis migratoria en Colombia”.
¿Cómo empezó su trabajo como activista de derechos humanos? ¿Quién y/o qué le inspira a continuar con esta labor?
Comencé en el activismo a inicios de 2005, cuando me enteré de la existencia de Colectivo Ovejas Negras y decidí acercarme al grupo. De ahí en adelante me dediqué intensamente al activismo en derechos LGBTI y eso me conectó con el feminismo y la agenda más amplia de derechos humanos con la que sigo comprometido hasta hoy. En 2017 comencé a trabajar profesionalmente en DDHH en la oficina de Amnistía Internacional Uruguay y desde 2020 lo hago como consultor independiente de organismos públicos y organizaciones sociales.
Quienes más me inspiran a seguir con el trabajo son las personas que, habiendo enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos, convierten el tremendo dolor y dificultades que han sufrido en una fuente de impulso para construir colectivamente una sociedad mejor para las próximas generaciones.
¿Podría hablarnos del Colectivo Ovejas Negras?
Colectivo Ovejas Negras es una organización social uruguaya que lucha contra toda forma de discriminación, especialmente contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. El Colectivo surgió a fines de 2004 a partir de ex integrantes de otras organizaciones LGBTI y activistas independientes que buscaban una forma nueva de accionar respecto a lo que había sido el movimiento en Uruguay hasta ese momento.
La organización ha tenido un rol fundamental en dinamizar la movilización social en torno a la diversidad sexual (por ejemplo, las Marchas de la Diversidad pasaron de 500 participantes a más de 50.000 entre 2005 y 2015) y en la concreción de las reformas que llevaron a alcanzar la igualdad legal de las personas LGBTI en el país en 2013 y garantizar integralmente los derechos de las personas trans en 2018.
Un rasgo distintivo de Ovejas Negras ha sido trabajar transversalmente, “cruzando agendas” con el resto de los movimientos sociales del país y participando activamente en sus luchas.
¿Qué importancia tiene la educación en el tema de derechos humanos e interseccionalidad?
La educación tienen una gran importancia: no puede haber ejercicio pleno de los derechos humanos sin una educación en derechos humanos y para los derechos humanos. A través de la educación todas las personas -pero en particular los niños, niñas y adolescentes- pueden conocer sus derechos, reconocer las formas en que esos derechos pueden estarse violando, identificar qué instituciones y personas son responsables en esas situaciones y aprender a utilizar los mecanismos disponibles para exigir la protección de los derechos. La educación en derechos humanos también promueve actitudes de respeto a los derechos de las demás personas y una mirada a la diversidad de vulneraciones que experimentan las personas ubicadas en la intersección de identidades o condiciones discriminadas.
Agrego que no hay que pensar que lo que entendemos por “educación formal e informal” agota la dimensión educativa en DDHH: la comunicación institucional, las y los funcionarios con exposición pública, la prensa, las expresiones artísticas y toda persona en funciones de mediación también educan.
En su opinión ¿cuál es la mejor estrategia para abordar los derechos de las personas LGBTI desde la perspectiva de la prevención?
Como todo problema de derecho humanos, garantizar los derechos de las personas LGBTI es complejo y requiere varias estrategias a la vez. Desde una perspectiva de prevención, garantizar los derechos de las personas LGBTI requiere en primer lugar asegurar que el propio Estado no discrimine a las personas por su identidad de género, orientación sexual o caracteres sexuales: hay que identificar y eliminar todo rasgo discriminatorio en sus leyes y normas, en la prestación de servicios públicos (salud, educación, justicia, etc.) y en la comunicación pública de sus instituciones y altos funcionarios. Esto facilita la segunda faceta de esta estrategia, en la que el Estado también tiene una fuerte responsabilidad: la promoción de una actitud social de respeto y valoración de la diversidad sexual, de género y corporal. Esto se puede hacer, por ejemplo, visibilizando las experiencias y aportes de las personas LGBTI desde la comunicación estatal y promoviendo el ejercicio del derecho a la libre expresión de las personas LGBTI.
¿Qué acciones, proyectos o políticas públicas han sido exitosos a la hora de responder a los retos a los que la comunidad LGBTI se enfrenta?
Sin duda, todos los proyectos de reforma legislativa que eliminan disposiciones discriminatorias, levantan barreras a la inclusión o establecen acciones afirmativas para los grupos más vulnerados de la población LGBTI han sido exitosos en la medida que mejoran las condiciones de vida de las personas y a la vez envían mensajes antidiscriminatorios al resto de la población, lo que también termina impactando indirectamente en las personas LGBTI. En Uruguay, la aceptación social de las personas LGBTI ha ido creciendo a medida que el país avanzaba hacia la igualdad legal.
En el área del derecho a la salud, una política que me consta que ha funcionado en Uruguay y en la región, es la formación y sensibilización de los equipos de salud sobre diversidad sexual y de género a través de cursos, talleres, guías y protocolos de atención. Los centros de salud incluidos en esta política tienden a convertirse en centros “de referencia” para las personas LGBTI a través del boca a boca y además se produce un “efecto contagio” hacia otras instituciones de la comunidad donde se asientan y hacia otros centros de salud donde trabaja el mismo personal formado.
Para más información visite Ovejas Negras en YouTube, Instagram, y mapeosociedadcivil.uy.
Foto: Mariana Greif – Ladiaria