La Dra. Rut Diamint es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, con sede en Buenos Aires, Argentina. Es una experta en las relaciones entre civiles y militares y se ha desempeñado como Jefe de Gabinete y Asesor del Ministerio de Defensa Argentino (2004-2005). La Doctora Diamint ha ocupado puestos de investigación en la Universidad Internacional de Florida (2008) y la Universidad de Columbia (2001). Ella ha coordinado proyectos en materia de la defensa, liderazgo político y la democracia para la Fundación Ford y la Open Society Foundation. La Dra. Diamint ha participado como instructora en los Seminarios Raphael Lemkin para la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas desde la primera edición.
¿Cuáles son las razones que le han llevado a trabajar en el campo de la prevención del genocidio y atrocidades masivas?
Como ciudadana viví durante 16 años bajo gobiernos dictatoriales militares que cometieron atrocidades contra la población civil indefensa. Esos gobiernos instalaron el miedo, la impunidad y la falta de libertad. Como académica busqué respuestas para que esas situaciones no se repitieran, dedicando la mayor parte de mi actividad a estudiar las fuerzas armadas y la responsabilidad de la sociedad en conducir y controlar las políticas de defensa. La opresiva historia que viví, especialmente en mi juventud, me impulsaron a involucrarme en el tema de forma personal y profesional.
¿Cuál cree que son las acciones y políticas más eficaces a largo plazo en la prevención de atrocidades masivas?
El acceso a la información y cierta capacidad de analizar hechos son herramientas necesarias para alertar sobre formas de discriminación que pueden tornarse en políticas de genocidio y en crímenes contra la población civil.
Es necesario desarrollar un entrenamiento en lo que se conoce como Estado de Derecho, o sea que las naciones tengan en la ley el instrumento más poderoso para regular la conducta de funcionarios y ciudadanos. Cada vez que se admiten brechas sociales, el rechazo a la diversidad, o se clausura el ejercicio de pluralismo, se avanza un paso hacia formas de segregación, estigmatización y arbitrariedad. El Estado es responsable de promover la protección de esas libertades y los actores sociales son responsables de difundirlas ampliamente y reclamar a las autoridades su incumplimiento. Por ello, el concepto de “accountability” es tan importante para impedir que los gobiernos actúen con parcialidad e impunidad, agrediendo a sectores de la población.
¿Qué consejo le daría a un nuevo oficial del gobierno que viene entrando al campo de la prevención de atrocidades masivas?
Todo funcionario de gobierno tiene que impedir actos de discriminación en su ámbito de trabajo, y al mismo tiempo prescindir de sus propias limitaciones para aceptar la diversidad. La noción de servidor público no es común entre los funcionarios latinoamericanos. Se apropian del Estado, o al menos, intentan adueñarse de un espacio político. Ni en el Poder Ejecutivo, ni en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se conoce e interpreta correctamente la noción de servidor público, de estar al servicio de la ciudadanía y no de sus intereses personales.
¿Quién o qué la inspira o motiva en su trabajo?
Me motiva la esperanza que las generaciones futuras vivan en democracia, confíen en la democracia, se sientan ciudadanos de una civilización global que se beneficia con las prácticas democráticas.